La Oficina Anticorrupción, creada en Balears en la legislatura que ahora acaba a propuesta de Podemos, no acaba de arrancar ni de definir sus funciones. Este organismo no halla acomodo en la arquitectura institucional de las Islas que, además, protagoniza iniciativas tan peregrinas como ‘recomendar’ a los diputados electos del Parlament que aporten las declaraciones de Renta y Patrimonio de sus respectivos cónyugues.
Una propuesta legal, pero sin justificación en una comunidad como Balears cuyo derecho foral consagra la separación de bienes. La oficina que dirige Jaume Far incomoda con esta ‘recomendación’ porque, puestos a aplicar políticas preventivas sobre la hipotética corrupción de diputados autonómicos, consellers y altos cargos institucionales, cabe preguntar a Far por qué no solicita también las declaraciones de IRPF y Patrimonio de padres, hijos y hermanos. Nos hallamos ante una extralimitación de funciones que resta credibilidad y seriedad a la Oficina Anticorrupción. Una institución que fue mero gesto político del Govern. Al mismo tiempo genera duplicidad con el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que cuenta con los recursos necesarios.