El traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio repara, al menos en parte, una anomalía histórica. La generosidad de la Transición española fue excesiva al mantener la tumba del dictador junto a sus víctimas en uno de los monumentos más representativos de su régimen represor. Sin embargo, la ejecución de la exhumación ha supuesto una exhibición de medios públicos que entra en clara contradicción con el espíritu de la Ley de Memoria Histórica. Las miles de víctimas del franquismo es muy probable que no habrían aceptado este fenomenal despliegue.
Lo que tendría que haber sido la entrega a los familiares de Franco de sus restos, se ha acabado convirtiendo en una retransmisión de la cadena estatal de televisión durante horas, la movilización de centenares de agentes de policía, un helicóptero del Ministerio de Defensa para el traslado del féretro y hasta una declaración institucional del presidente Pedro Sánchez.
Los aspectos formales, importantes en un caso como este, no deben restar trascendencia histórica al hecho de que España y su democracia han recuperado parte de su dignidad. Con 44 años de retraso.