El diario «El País» destapó ayer la compra en China de 659.000 tests rápidos para la detección del coronavirus. Pero con un escasísimo nivel de fiabilidad, inferior al 30 por ciento, y que carecía de las licencias para su comercialización. La Embajada de China en España tuvo que advertir al Ministerio de Sanidad que estos tests no contaban con avales científicos para ser aplicados, lo que ha acabado admitiendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
A pesar de no haber superado el filtro del Instituto Carlos III llegaron a utilizarse en personal sanitario. La gran demanda de productos sanitarios relacionados con el covid-19 no justifica que el Gobierno adquiera material defectuoso o sin las imprescindibles homologaciones.
La precipitación con que ha actuado el Ministerio de Sanidad ha acabado en un ridículo que exige conocer a sus directos responsables. Pretender escabullirse de este grave episodio es inadmisible. El Ministerio que dirige Salvador Illa no puede quebrar la imprescindible confianza ni ante los profesionales sanitarios ni con los miles de pacientes atendidos a diario por la expansión de la pandemia. En este momento la sociedad española exige certezas y garantías que no aporta el actual Gobierno.