La capacidad de negociación de Coalición Canaria (CC) ha logrado la prolongación de los ERTE del sector turístico que, en Balears, beneficiará a unos 140.000 trabajadores. La medida, obtenida a cambio del apoyo al Gobierno de los regionalistas canarios a la ampliación del estado de alarma, permitirá que las empresas afectadas puedan escalonar la incorporación del personal afectado por los ERTE en función de la capacidad de negocio. De no aplicarse esta modificación –esencial para su supervivencia–, las empresas turísticas estaban obligadas a reincorporar todo el personal en el momento del cesar el cierre por causa mayor.
Lo sorprendente del caso no es tanto la intervención de CC como el enorme gazapo del Gobierno, para cuyos asesores no debía ser relevante advertir que levantar el cierre por causa mayor para una actividad industrial no es equiparable a que lo tenga que hacer un hotel o una cafetería; más cuando estos últimos deben cumplir severas exigencias higiénicas y ven reducido su negocio. El actual es un ejemplo más del rosario de beneficios obtenidos en Balears a remolque de Canarias, una dinámica que ningún representante de las Islas en el Congreso –PSOE, PP, Podemos y Vox– ha querido asumir, ni a título individual. Este es el gran problema que subyace para explicar la escasísima capacidad de influencia en los centros de decisión gubernamental. Resulta más sencillo ir a rebufo de Canarias.