La sentencia de la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de Balears que anula la sanción de 300.000 euros a AirBnb, impuesta en 2018, al considerar que incumplía la Ley de Turismo por ofertar alojamiento vacacional sin incluir el número de registro, supone un serio inconveniente en la estrategia del Govern contra el alquiler turístico. El fallo, que con seguridad generará un recurso de casación, se sustenta en la prevalencia de la normativa de la UE, en concreto de la Directiva de Comercio Electrónico, sobre la nacional y, en este caso, la autonómica. AirBnb, una sociedad radicada en Irlanda, es considerada por el TSJB una mera plataforma de intermediación y que, atendiendo a la legislación comunitaria, está exenta de controlar las condiciones en las que se publicitan las ofertas de alquiler de inmuebles; en el caso que nos ocupa, de si disponen del preceptivo número de registro de la Conselleria de Turismo. El problema que se le genera al Govern, jurídico y político, es serio, al poner en entredicho una de las armas más poderosas de que disponía contra el alquiler turístico. En esta polémica, la sentencia del TSJB abre un nuevo capítulo al anular la durísima sanción contra AirBnb impuesta el Govern. El impacto político y jurídico es contundente, aunque el Tribunal Supremo, o acaso el Tribunal de Justicia de la UE, tendrán la última palabra.