El Pacte per a la Reactivació Econòmica i Social de Balears firmado ayer supone una apuesta ambiciosa del Govern, que apoyan varios partidos y agentes sociales.
Es un gesto político que ha sabido capitalizar la presidenta Francina Armengol, pero es un acuerdo incompleto y sin consenso al carecer del soporte del primer grupo de la oposición, el Partido Popular, mientras que Més per Menorca vuelve a desmarcarse. También hay que incluir la discrepancia de Vox.
Las críticas se dirigen a la elaboración del documento por la falta de un debate entre todos los participantes. La cuantificación del plan supera los 600 millones de euros, pero el margen de maniobra del Govern es escaso por su escasa capacidad competencial y financiera. Además, muchas propuestas proceden de iniciativas anunciadas mucho antes de la pandemia y que se han incorporado con la intención de ampliar el catálogo de actuaciones. Los expertos insisten en señalar la supervivencia de las empresas como clave para amortiguar el impacto de la crisis, lo que el Govern podría haber favorecido con rebajas fiscales en los tributos autonómicos; pero no ha sido así. Este plan queda falto de ambición; y lo que puede ser peor, de eficacia.