La sinceridad con que se expresó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al afirmar que los nacidos entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta trabajarán más años o cobrarán menos en sus pensiones destapa el problema pendiente de las pensiones. Y aunque se vio obligado a rectificar desde La Moncloa: «no tuve mi mejor día», lo cierto es que once millones de españoles -la denominada generación del ‘baby boom’- se verán afectados por unos recortes, ineludibles por varias razones: al haberse agotado la ‘hucha de las pensiones’ es preciso recurrir a los Presupuestos del Estado; las cuentas no cuadran y la Seguridad Social está en situación de desequilibrio. A ello debemos añadir la crisis demográfica que sufre España y que la incorporación de los jóvenes al mercado laboral es escasa y precaria. Ni el Estado puede endeudarse de manera ilimitada ni, en breve, podrá pagar las pensiones que hoy se abonan. No cabe demorar unas medidas, fruto del pacto político y social, que, además de ser exigidas por la UE, han de aplicarse para resolver un problema cada vez mayor: la financiación de la sostenibilidad de las pensiones.
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