Un hecho con relevancia informativa y trascendencia en el ámbito educativo como es la licitación para construir el nuevo colegio de Es Mercadal que ha quedado desierta constituye una llamada de atención. Las empresas, y no únicamente las constructoras, rehuyen las obras públicas y optan por los proyectos e inversiones que se promueven desde los ámbitos privado y empresarial. Aumenta la desconfianza ante las obras que promueven las administraciones. En primer lugar, al no incluir fórmulas claras y estables para la revisión de los precios.
También por los innumerables controles, exigencias normativas y requisitos administrativos que reclaman los ayuntamientos, el Consell insular y las conselleries del Govern para obtener una licitación. El resultado consiste en el gran número de concursos públicos a los que presentan únicamente una o dos empresas interesadas, o, directamente quedan desiertos. Vuelve a retrasarse el centro docente que, desde hace años, reclaman la comunidad educativa y el Ayuntamiento de Es Mercadal. Las administraciones se han convertido en un laberinto de normas y reglamentos que al final ha acabado atrapando a políticos y funcionarios.