Los criterios que se aplican para la financiación de las autonomías llevan ya una década caducados. Aprobados en julio de 2009 con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, tenían que haber sido revisados y actualizados cinco años después, pero hoy sigue en vigor un modelo que no responde a la realidad de la evolución demográfica. Y en Balears resulta particularmente gravoso para los ciudadanos y las empresas de las Islas al ser una de las tres comunidades -junto con Madrid y Catalunya- que es aportadora neta a la solidaridad territorial, lo que implica la pérdida de recursos
fiscales, que reciben otras autonomías.
Este lesivo sistema puede ser aún más pernicioso para el Archipiélago si, en virtud del pacto de
ERC y el PSC-PSOE para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat -un acuerdo
cuya letra pequeña aún se desconoce- Catalunya recaudará y gestionará todos sus impuestos. La presidenta Marga Prohens advierte que no aceptará ningún tratamiento singular para Catalunya que acaben pagando los ciudadanos de Balears.
Además de no afrontar la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno de Pedro Sánchez pacta
un trato específico para la Generalitat. Todo ello con el riesgo de incrementar más las desigualdades, con regiones sobrefinanciadas como son Navarra y el País Vasco.