La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a 480 inmigrantes irregulares a cambio de distintas cantidades de dinero. Este empleado municipal, de 44 años, se enfrenta a un proceso penal muy grave, que puede llevarle a la cárcel, y también a otro administrativo, que puede acabar con la pérdida de su puesto de trabajo. No es la primera vez que son detenidas personas que se aprovechan de colectivos vulnerables. Por ejemplo, numerosos patrones de pateras que hacen negocio con la vida de los migrantes.
Sin embargo, un empadronamiento masivo como el de Mallorca no se conocía hasta la fecha y abre la sospecha de que sea solo la punta del iceberg. La gran mayoría de funcionarios son profesionales escrupulosos, pero este caso evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia. El drama habitacional es de tal magnitud, con alquileres por las nubes, que muchos inmigrantes se ven abocados a vivir en condiciones inhumanas. En este contexto algunos delincuentes sin escrúpulos se aprovechan al ver un negocio en auge. Así pues, las autoridades, y sobre todo el estamento judicial, deben actuar con mano dura contra todos estos mercaderes de seres humanos, que no tienen el más mínimo escrúpulo a la hora de engañar y aprovecharse de los más desfavorecidos de la sociedad.