La regularización extraordinaria de migrantes que ha acordado el Gobierno PSOE-Sumar con Podemos cuenta con el respaldo en los sectores empresariales de Balears, al ver una oportunidad para completar sus plantillas, muy mermadas en la construcción, la hostelería, el transporte o el campo. En las Islas falta mano de obra cualificada y con esta regularización masiva de trabajadores extranjeros se puede compensar este déficit que lastra a muchas empresas y amenaza incluso la continuidad de otras. Los trabajadores extranjeros en Balears crecen el triple que en el Estado y ahora aflorarán muchos empleos en negro.
Se estima que cada migrante regularizado aportará un beneficio fiscal al Estado a través de impuestos y cotizaciones. La medida ayuda a combatir el envejecimiento de la población; y otorgar permisos de trabajo reduce la explotación laboral y se legalizan empleos que ya existen pero no tributan. La regularización facilita el acceso de muchas personas al sistema sanitario y educativo, por lo que tiene una vertiente de justicia social y de derechos humanos cuyo efecto no se puede minimizar. El proceso se enfrenta a una ola de intolerancia y racismo por parte de una minoría de la sociedad, que no ve con buenos ojos una regularización masiva. En Balears los sindicatos llaman al consenso para combatir esta intransigencia.