La injusta morosidad de las administraciones

Cobrar una factura es el último paso de un trabajo bien hecho y el primer paso para garantizar la continuidad de cualquier empresa. Las administraciones públicas se han convertido en las principales contratistas, por el presupuesto que gestionan, y son las entidades que peor pagan y que crean problemas importantes a sus proveedores. No se puede permitir que mientras los políticos que gestionan las instituciones públicas presumen de crear empleo con sus planes y proyectos, por otra parte estén provocando graves problemas de liquidez a sus proveedores. Ahora, por primera vez, un proyecto que ya se discute en el Senado propone reducir los plazos de pago y garantizar el derecho de las empresas que prestan servicios a las administraciones. Con o sin una nueva norma, hay que exigir que cumplan, como mínimo, lo mismo que exigen a los ciudadanos y a los contribuyentes. No valen excusas, argumentando que la empresa contratada acepta las condiciones de abono de las facturas. El pago de intereses de demora sería un reconocimiento de ineficacia en la gestión del dinero público. Las empresas que trabajan para la administración deben unirse para cobrar sus facturas en un plazo correcto, que debe llegar a ser de 30 días. Ni uno más.