El Consejo de Ministros aprobó el viernes un recorte de altos cargos, 32 de los 343 puestos directivos de la Administración, y de empresas públicas, 29 de las 106 con participación del Estado. Que con esta medida sólo ahorre 16 millones es una muestra de la dificultad para acometer con eficacia la reducción del gasto público.
El bisturí no sólo debe profundizar más, sino que hace falta concretar las medidas para que el objetivo de la austeridad pública sea creíble. En una estricta cuestión de forma, la actitud del Gobierno es un paso positivo, que ha de ser imitado por otras instancias, ayuntamientos, Consell y Govern. Basta recordar que la administración autonómica ya adelgazó su estructura aprovechando la expulsión de los consellers de UM del Govern, lo que demostró que los cargos se repartían en función del poder e interés de los partidos y no en base a la eficacia de la gestión.
Las instituciones han crecido y se han encarecido de una forma desproporcionada. La crisis debería servir para aplicar criterios de austeridad que en la empresa privada se imponen y se sufren sin paliativos. ¿Tienen capacidad e imaginación nuestros políticos para desarrollar ideas que no se limiten a recortar cuatro sueldos?