Juan Ignacio Balada ha conseguido la notoriedad pública que posiblemente buscaba al convertir a los Príncipes en herederos de sus bienes, a pesar de que nunca expresó sus ideas monárquicas, que personas muy próximas ponen en duda. La voluntad del testador, su última voluntad, no puede modificarse, pero la verdad es que ha conseguido poner a los Príncipes en un compromiso. No podían renunciar a la herencia porque los bienes serían para el Estado de Israel. Han debido crear una nueva fundación y ya tienen tres. Y al final, a don Felipe y a doña Letizia les corresponden sólo 70.000 euros a cada uno, después de impuestos, que donarán íntegramente a la Fundació de Personas amb Discapacitat de Menorca. Los Príncipes han acertado plenamente con los objetivos sociales de este dinero y los fines de la nueva fundación. Para ello han de vender los bienes inmuebles. Es verdad que podrían haber dado mayor impronta menorquina a la fundación y atender las demandas de la tierra de origen del testador. También las instituciones menorquinas deben esperar del Govern una dosis de generosidad al decidir el destino de los 3,3 millones que se recaudarán en impuestos. Al final se ha demostrado que las instituciones no pueden soñar en herencias que mejoren su estado económico.
Editorial
La realidad de una herencia incómoda