Cláusulas sociales

Si un problema tiene solución, deja de ser un problema. Lo pienso así y me gustaría que fuese aplicable a una de las últimas controversias recogidas por este periódico, la de las constructoras menorquinas que reclaman más peso en la obra pública insular.
Argumentan estas empresas que las obras de envergadura acaban siendo ejecutadas por constructoras peninsulares, más competitivas en precios y poseedoras de más medios. El sector menorquín tiene difícil imponerse cuando los criterios económicos son los que más peso tienen. En eso, llega Caritas con sus segundas jornadas sobre Compra Pública Sostenible y Cláusulas Sociales. La inclusión de este tipo de cláusulas en los procedimientos de contratación permite incorporar criterios de valoración y condiciones de ejecución de tipo social y ambiental. ¿Pueden las administraciones de la Isla y de Balears incorporar en sus procedimientos un baremo en el que puntúe, por ejemplo, el compromiso adquirido de incorporar trabajadores en riesgo de exclusión? Legalmente pueden. ¿Pueden las empresas isleñas establecer convenios en este sentido con entidades como Caritas en las que los programas de reinserción de eficacia probada topan las limitaciones propias de la crisis? Posiblemente, sí. No soy técnica y seguro que hay que afinar más, pero quizás en las cláusulas esté la solución para posicionar mejor el tejido económico menorquín y favorecer, de paso, la cohesión social.