El Consell presentó el otro día los resultados de un estudio sobre la ocupación náutica de la costa menorquina que, entre otras conclusiones, señala que por lo común las embarcaciones invaden la zona de baño. Para ese viaje no hacían falta alforjas. No ha de cuestionarse el rigor del trabajo, metódico y exhaustivo en el seguimiento de la situación y documentado en su exposición, sino la impresión que transmite la Administración de duda permanente ante la realidad evidente, esa manía de pertrecharse de informes antes de dar un paso.
La avalancha de barcos en las calas durante los meses estivales no es nueva, la falta de amarres, tampoco, y las quejas de bañistas ante la presión de las embarcaciones en zonas de baño constituye una queja repetida. Los incidentes tampoco son ajenos, ha habido algún accidente y sustos, muchos. La reglamentación no sirve de nada si nadie vigila su cumplimiento.
La Administración no puede alegar ignorancia, cuando es ella precisamente la responsable de autorizar embarcaderos, amarres y puertos deportivos en las mismas calas, como es el caso de Binissafúller, donde se delimita para el baño un reducido espacio. El objetivo de proteger la costa no ha de contradecirse con las posibilidades de la náutica. Es obvio que falta ordenación. Aunque quizá deba decirlo otro informe.