El pulso de los controladores al Gobierno volvió a causar ayer el caos en los aeropuertos con miles de pasajeros atrapados, pero ha nacido la esperanza de que sea el principio del fin de los abusos que durante décadas han soportado los usuarios de este gremio profesional privilegiado en sus condiciones salariales y laborales. La repentina indisposición alegada por el 70 por ciento del personal de las torres supone un arrogante desafío al Gobierno que dos horas antes había aprobado el decreto que regula su jornada laboral y que ahora ha de culminar la normalización de la rebeldía.
Al margen de la legislación y la capacidad del Ejecutivo para ordenar la navegación aérea y para la aplicación de medidas coercitivas, los controladores pasaron ayer la peligrosa línea que separa la reivindicación de unos derechos del abuso de posición con maniobras que rozan lo delictivo. La desproporción entre las causas de la protesta y las consecuencias de la misma es tan exagerada que aquellas quedan deslegitimadas, una protesta que se levanta sobre el perjuicio enorme que se produce a miles de ciudadanos, en un fecha estratégica de puente y con pérdidas económicas millonarias, es inadmisible.