El derecho al trabajo, cuestión de dignidad

El artículo 35 de la Constitución Española y el 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirman que las personas tienen derecho a un trabajo, a la elección de oficio, a un sueldo suficiente para cubrir sus necesidades y las de una familia y a los medios de protección social para garantizar ese derecho. El Primero de Mayo se celebra con el impacto de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, con casi cinco millones de parados. El 83 por ciento de los españoles considera que la falta de trabajo es el principal problema que tiene el país. Es evidente que todo el esfuerzo que realicen las administraciones públicas ha de orientarse a la creación de empleo. El paro es una consecuencia de la carencia de dinamismo de la actividad económica. Promoverla es el antídoto para el desempleo. Las políticas de protección social son necesarias, como responsabilidad pública y solidaridad de la sociedad con los más desfavorecidos. Sin embargo, hay que centrar el objetivo en el desarrollo económico, con una implicación pública y privada. Poner todos los elementos necesarios para conseguir la recuperación de la actividad de los sectores productivos es la misión que los ciudadanos han de acometer y han de exigir a los políticos en esta convocatoria electoral.