El grave problema de la morosidad de las administraciones públicas se manifiesta estos días con toda su crudeza. Se multiplica el número de colectivos que protestan por el retraso en el pago de los servicios prestados, como son las agencias de viaje en el traslado de los enfermos a Son Espases o las empresas de transporte escolar. El Govern recomienda que sus proveedores acudan al sistema de 'confirming', es decir que el banco les avance el dinero con la presentación de un reconocimiento de deuda de la administración autonómica. Esta es la preocupante realidad. Otra cosa es el debate político después de las elecciones, con acusaciones mutuas entre los partidos mayoritarios, que deberían comprender mejor las esperanzas de los ciudadanos. El PSOE y el PP comparten responsabilidad en el incremento de la deuda y del déficit. Administraciones gobernadas por uno y otro partido padecen situaciones económicas alarmantes. Por tanto, más que alimentar la crítica al adversario hay que aportar soluciones, que ya no pueden pasar por un incremento de la deuda pública, una solución utilizada irresponsablemente, sino por una reducción de los costes de las administraciones, una gran reforma pendiente.
Editorial
La morosidad de las administraciones