El Consell de Menorca es una institución autonómica. Así lo reconoce el Estatut. Esta vinculación hace que el Govern tenga la obligación de atender sus compromisos económicos con el Consell como hace con cualquier conselleria y organismos vinculados a la administración autonómica. La práctica paralización de las transferencias de dinero está estrangulando a la institución menorquina. Las últimas nóminas tuvieron que pagarse con fondos finalistas, es decir dinero de partidas que tienen otro destino que no es el de personal. Eso es posible y legal porque existe una caja única, aunque solo permita resolver situaciones de urgencia. El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se ha encontrado con un problema grave de falta de liquidez. Ha de presentar un plan de estabilidad económica al Ministerio de Economía para después poder recurrir a los bancos en búsqueda de financiación. Ese proceso debe tener en cuenta la total dependencia económica que tienen los consells insulares de la administración autonómica, con un efecto rebote que perjudica a los ayuntamientos. Algunas entidades con estructura autónoma, pero dependientes de la administración, como la Fundació de Persones amb Discapacitat, están sufriendo las consecuencias.
Editorial
El Govern debe cumplir con el Consell insular