Las condiciones laborales de los empleados públicos

Es sintomático que una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno para reducir el déficit fue la reducción de un 5 por ciento del sueldo de los empleados públicos. Es evidente que los funcionarios no están al margen de la crisis ni de sus consecuencias y que si la Administración aplica recortes en las prestaciones a los ciudadanos y a las entidades, también habrá de hacerlo al colectivo laboral público. Varios ayuntamientos de la Isla, entre ellos el de Maó, plantean ahora la revisión de los convenios. A primera vista, hay compensaciones laborales, como el abono de cantidades concretas para acudir al dentista, que no tienen justificación, como mínimo para empleados públicos que perciban una nómina digna. Son aspectos que las administraciones tienen la obligación de plantear en un momento de ajustes económicos en todos los ámbitos, públicos y privados. La semana pasada, la protesta de agentes de la policía local fue una advertencia a los responsables políticos de Maó y Alaior. El ajuste es inevitable, pero la negociación ha de pretender, por las dos partes, alcanzar un consenso, que comprenda las circunstancias actuales y que no provoque situaciones injustas para los trabajadores.