Ya sé que resulta un ejercicio estúpido reflexionar sobre el estado de abandono de parte del patrimonio inmobiliario público existente en Menorca, entre otras cosas porque determinados inmuebles llevan bastantes años sin utilidad alguna para la sociedad.
Recién despedido 2011, la estupidez se reafirma dado que siguen sin concretarse unos planes inversores para una serie de inmuebles que permanecen vacíos, mudos y, lo que es peor, en un imparable proceso de degradación por falta de decisiones políticas que permitan despejar el futuro que les aguarda, aunque hablar de futuro constituya por otro lado un atrevimiento a todas luces excesivo.
Lo que sí es constatable es que no cesan las maniobras de distracción. Como igualmente constatable será la época de recesión económica que afectará a España y otros países europeos a raíz del discurso de la austeridad propagado por las autoridades comunitarias a las órdenes del silbato de Angela Merkel. Y como no se vislumbra un periodo de vacas gordas, sino todo lo contrario, parece cantado que durante 2012 avanzará el progresivo deterioro de unos bienes patrimoniales que podrían haber prestado un magnífico servicio a la sociedad menorquina. Fallaron una vez más los gobernantes que desaprovecharon los años de expansión económica.
El antiguo cuartel de Santiago y el que fuera hospital Verge del Toro, en Maó, o la batería militar de Son Olivaret y la antigua estación marítima de Ciutadella son algunos de los inmuebles sobre los que persiste la pesada incógnita de la indecisión, una incógnita harto compleja por regir los principios de titularidad y compraventa entre administraciones públicas y por la carencia de recursos económicos que impiden plantear proyectos de futuro para las mencionadas instalaciones. El antiguo recinto militar de la calle Josep Anselm Clavé de Maó alberga distintos servicios de la Policía Local y sirve asimismo de almacén para el material acumulado por el Grup de Pessebristes. Pero la mayor parte de las dependencias de Santiago continúa desocupada. En cuanto al enorme edificio de la calle Barcelona en el que durante décadas funcionó el hospital público menorquín, la primera propuesta de uso, incluso antes de procederse al desalojo, fue la de reconvertirlo en centro sociosanitario, una idea que inicialmente parecía contar con el beneplácito político y por la que había abogado con insistencia el médico José Francisco Quadrado.
La última propuesta, sin embargo, procede del Govern balear al afirmar su conseller Simón Gornés que el antiguo centro hospitalario podría albergar la Escola d'Adults de Maó, institución educativa que siempre ha quedado situada en la cola de las inversiones y, en consecuencia, debe conformarse legislatura tras legislatura con desarrollar su meritoria labor por la vía de la dispersión itinerante, o de la itinerancia dispersa, a saber.
Mientras el Ayuntamiento de Ciutadella descarta cualquier iniciativa en relación a las instalaciones militares de Son Olivaret, semanas atrás -ver la edición de este diario del 4 de diciembre- el alcalde José María de Sintas lanzó una propuesta absolutamente desconcertante: situados en la hipótesis de que Menorca pudiera contar con un parador nacional, Can Saura o hasta la misma sede consistorial serían unos enclaves idóneos para acoger tal establecimiento hotelero. Y el pasado martes, día 10, De Sintas contemplaba incluso la posibilidad de que el citado edificio señorial pudiera convertirse en un hotel en caso de interesar a algún grupo inversor privado. Ni que decir tiene que si llegara a prosperar la sugerencia del alcalde de Ciutadella, quedaría invalidado el proyecto museístico y cultural de Can Saura. Ya ven: mejor un hotel que un museo. Primero es la rentabilidad económica antes que la rentabilidad educativa y cultural. Obvio: gobierna el PP.
Así que a falta de dinero, prosiguen las maniobras de distracción (que por ahora salen gratis). Pese a que alargar la temporada turística continúa siendo un objetivo inalcanzable y que la gran mayoría de la planta hotelera cierra de octubre a mayo, en la Isla se mantiene, erre que erre, la necesidad de construir campos de golf y un parador nacional.
Y se reitera, claro, el mosaico de posibles emplazamientos. De modo que respecto al parador, hay voces que defienden que debería situarse en el Lazareto, otras propugnan el antiguo cuartel de Ingenieros de Es Castell, y otras prefieren la sede del gobierno militar de Menorca. La empresa Paradores Nacionales, por su parte, guarda silencio y no dice ni pío. Y más en tiempo de crisis. Una postura completamente lógica y comprensible.
Lo que se aleja de toda lógica es la periódica insistencia en reivindicar un parador nacional en suelo menorquín, como si su construcción significara uno de los revulsivos definitivos para atraer -y asentar en la Isla- un turismo de mayor calidad. En cualquier caso, ¿qué sentido tiene reclamar un parador nacional para Menorca cuando se asegura que la nueva Ley de Turismo, promovida por el conseller Carlos Delgado, permitirá que proliferen sin trabas nuevas instalaciones hoteleras en las Islas, incluso en suelo rústico hasta ahora protegido? ¿Acaso el PP pretende convertir Balears en un todo incluido global?
Antes que abrir nuevas vías al desarrollo de una tambaleante economía ficción, creo más urgente que Menorca pueda conseguir cuantas inversiones son precisas para contar con un centro sociosanitario insular que cubra las necesidades de este siglo XXI, para dotar de una vez por todas a la Escola d'Adults de Maó de una sede capaz y digna, y para resolver otros importantes problemas que arrastra la sociedad menorquina. Porque se echan en falta ciertamente iniciativas ambiciosas que den una adecuada utilidad al patrimonio inmobiliario público que desde hace demasiado tiempo se degrada a marchas forzadas. Y dado que la crisis impedirá determinadas y cuantiosas inversiones, a buen seguro que la ciudadanía agradecería al menos que cesaran las maniobras de distracción impulsadas por los gobernantes de turno.