El desmentido copago en Sanidad, aquel que la ministra Ana Mato dijo que no se implantaría, del que Mariano Rajoy se declaró no partidario, que Guindos dijo que ni hablar, ha llegado con nocturnidad y desde Méjico. El equipo del presidente del Gobierno, que le acompaña en su viaje a este país, ha anunciado las medidas que se aprobarán este viernes en el consejo de ministros.
No es un copago cualquiera, es el más dañino para los jubilados a los que Rajoy decía proteger al no tocar las pensiones. A partir de ahora deberán pagar, ellos que son los que más gasto farmacéutico hacen, un 10 por ciento de sus recetas. Con una pensión de trescientos euros o de seiscientos ¿de verdad alguien cree que se puede afrontar este coste?
Este sí que es un verdadero ataque al poder adquisitivo de los mayores con necesidades más acuciantes. La subida a los trabajadores en activo de un 40 a un 50 por ciento tiene más razón de ser, así como el 60 por ciento que van a pagar los que ganen más de cien mil euros al año. Y estaría más justificada si no fuera por el coste que va suponer su implantación. Hay que hacer una nueva tarjeta sanitaria a cuarenta y cinco millones de españoles, con un chip donde se controla el nivel de renta. Algunos expertos consideran que el importe de la operación superará los novecientos millones de euros cuando que lo que se espera ahorrar con el copago son 3.700 millones.
En una sociedad tan cambiante a peor, como la nuestra, donde el trabajo se ha convertido en un bien no solo escaso sino además extremadamente volátil, los que hoy ganan cien mil (que son poquísimos) pueden estar mañana en el paro. ¿Cómo se van a controlar estos vertiginosos cambios en el nivel de renta para aplicar un copago u otro?
Los asalariados con ingresos de más de cien mil euros tienen, en su inmensa mayoría, sociedades médicas privadas cuyas recetas tienen que pagar de sus bolsillos; por lo tanto los perjudicados de este nuevo tajo al derecho a la sanidad pública lo van a sufrir los de siempre: los que menos tienen.
De momento se descartan otros "ajustes" (como le gusta llamar al Gobierno) consistentes en pagar por visita médica, por intervenciones quirúrgicas, por la comida en los hospitales, etc. Pero no hay que engañarse, quedan muchos millones por ahorrar en Sanidad y Educación; así que los "descartes" y juramentos ministeriales empiezan a ser papel mojado.
Cada vez que oigan a un ministro -el que sea, ya que todos hablan de todo- lanzar una idea genial para cumplir el déficit, échense a temblar porque aunque lo niegue Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o Montoro, la decisión está tomada y nos la van a hacer tragar en pequeñas dosis, como el veneno, para que nos vayamos acostumbrando.
¿Qué pasaría si, por una vez, el Fondo Monetario Internacional tuviera razón en su dictamen de que España se está pasando con los recortes? Pues que nos esperan años de pobreza y fatídicas desigualdades.