El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, tiene motivos para protestar por la exclusión de los municipios con menos de un diez por ciento de población inmigrante de las ayudas que convoca el Govern. La drástica medida tiene muy poco sentido y la alternativa que propone la administración autonómica de que se unan los municipios para alcanzar ese porcentaje es un obstáculo para ahorrarse esas aportaciones. El tópico sobre que los ayuntamientos son la cara más próxima de la administración pública ante los ciudadanos es más real cuando se refiere a la atención social y especialmente a los que menos recursos tienen y entre ellos se encuentran los inmigrantes. ¿Cuántos hogares a los que se corta la luz por impago están ocupados por familias extranjeras? ¿Cuántas de estas familias recurren a los ayuntamientos para atender una situación de urgencia económica?
Es Mercadal percibió el año pasado una subvención de 10.424 euros para atender peticiones de los inmigrantes. Este año no dispondrá de un solo euro. El Govern debe ser consciente que el traspaso de las decisiones sobre el recorte de los gastos de una a otra administración, cuando llega a los municipios no hay más alternativa que recortar directamente a los ciudadanos, en este caso a los inmigrantes. Una injusticia que debería evitarse.
Editorial
Ayuntamientos, sin ayuda para inmigrantes