El revuelo político que ha suscitado el cambio normativo para la elección del consejo de administración de la corporación de RTVE era de todo punto previsible. La historia es conocida. Valiéndose de la mayoría absoluta, el PP ha decidido suprimir el requisito de que el nombramiento de los consejeros sea aprobado por una mayoría cualificada, esto es, por los votos de dos tercios de los parlamentarios del Congreso y el Senado. De este modo el partido gobernante nombra presidente al candidato que estime más idóneo sin tener que atender las consideraciones que formule la oposición parlamentaria. Se cierra así la vía del consenso al tiempo que el PSOE presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que contempla tal modificación.
Desde que se reimplantara la democracia, la televisión pública ha sido un instrumento de poder político indiscutible. Un instrumento al servicio de la sociedad española pero controlado por el gobierno de turno. Aunque la designación de presidente de RTVE pasa formalmente por el Congreso de los Diputados y el Senado, en la práctica la decisión primera y última se toma en el palacio de La Moncloa. Es otro ejemplo de nuestra peculiar democracia piramidal que sin reparo alguno ignora cuantas críticas puedan surgir al respecto.
Siendo esta y no otra la realidad política imperante, no hay que extrañarse lo más mínimo si la presidencia de RTVE la desempeña finalmente un abogado del Estado que, según detalló el diario "Periodista Digital", "es amigo de uno de los colaboradores de Soraya Sáenz de Santamaría (pertenece al cuerpo de abogados del Estado y es de la promoción del 96; la misma de su marido, Iván Rosa)". Casi resulta innecesario recordar que cuando gobiernan, socialistas y conservadores acostumbran a atar fuertemente los resortes de poder más estratégicos. El hecho por tanto de que ahora la presidencia de la radio y televisión estatales vaya a recaer en Leopoldo González Echenique, economista y abogado del Estado que desempeñó diversas responsabilidades en la Administración central cuando el gobierno de José María Aznar, encaja perfectamente con la política de comunicación diseñada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
No cabe engañarse ni caer en la ingenuidad. Hasta que se aprobó el estatuto de 2006 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, los sucesivos inquilinos de La Moncloa actuaron de idéntica forma al confiar el mando de RTVE a personas que mayormente lucían la etiqueta de independientes pero cuya ideología comulgaba o coincidía en realidad con la del partido en el poder. La politización en el nombramiento de presidente, consejeros, directores y jefes de servicios informativos en RTVE ha sido lamentablemente un ejercicio habitual por parte de los gobiernos de turno. Para acabar con semejante práctica, Rodríguez Zapatero optó por introducir la novedad de un nuevo estatuto radiotelevisivo con el propósito de marcar distancias entre el poder político y los gestores de la corporación estatal. Ahora no obstante, y en virtud de la mayoría absoluta, Rajoy no ha dudado en impulsar una controvertida modificación normativa que conduce de nuevo a un claro control político de RTVE.
La cuestión de fondo que cabe plantearse pues es la siguiente: ¿cómo erradicar la politización en el proceso de elección del consejo de administración y del presidente de RTVE? ¿Cómo procurar una autonomía que sea creíble para la gestión del ente? ¿Cuántos gobiernos desfilarán por La Moncloa antes de que vuelva a apostarse por una exigente profesionalidad y no por una bochornosa servidumbre política?
Mi propuesta sobre este asunto es sencilla y al mismo tiempo utópica: se trata de tener la valentía de reemplazar la politización por la profesionalidad. Para ello habría que acordar que el protagonismo inicial que se concede a los partidos políticos fuera traspasado a tres entidades profesionales externas. En este sentido, y en primera instancia, a los órganos rectores del Colegio de Economistas de España, la Federación de Asociaciones de la Prensa y la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión se les debería confiar la confección de una lista de candidatos para constituir el consejo de administración de RTVE así como una terna escogida entre tales candidatos para acceder a la presidencia de la corporación. Una vez consensuado el listado de nombres, se presentaría al Parlamento para que este procediera a su elección. Si desde las mencionadas entidades se actuara con total honestidad y rigor, acaso podría conseguirse que la valía y la experiencia profesionales contaran más que las afinidades políticas cuando el examen y nombramiento de los candidatos por el Congreso y el Senado.