Alrededor de un millar de personas se manifestó el sábado en Maó por la defensa de la calidad de la enseñanza. Fue una muestra evidente de la preocupación que existe en la comunidad educativa por las consecuencias de los ajustes. Es evidente que el Govern debe dar una respuesta adecuada a este malestar. Debería conseguir alcanzar acuerdos con los educadores, para que las medidas necesarias de austeridad se puedan aplicar dando prioridad a la calidad de la formación y al derecho que tienen los estudiantes a ella. El Govern ha actuado con torpeza al llevar a cabo de forma simultánea la política de austeridad y la elección de idioma por parte de los padres. Ha añadido un factor de malestar, cuando la prioridad es el acuerdo y la implicación de la comunidad educativa.
No se puede aspirar a superar los efectos de la recesión en la educación si la comunidad educativa y la administración se dan la espalda de forma permanente. Las cuestiones laborales que afectan a los educadores no son el centro del problema, sino la forma en que las políticas de austeridad cuestionan la calidad de la formación, cómo impiden superar las deficiencias y, en definitiva, salir de la crisis.