La sala de lo Contencioso Administrativo ha fallado en primera instancia el proceso de los apartamentos de Cala Llonga en contra del Ayuntamiento. Que los promotores se excedieron en la altura de 22 de las 38 viviendas es un hecho, como también lo es que habían presentado un modificado pendiente de aprobación, que 12 viviendas cumplían con el proyecto autorizado y que al final ha quedado una estructura abandonada que afea una de las zonas más bellas del puerto de Maó. Los vecinos que protestaron tenían razón, sobre el impacto de la obra. Por tanto, el Ayuntamiento presidido por Arturo Bagur y con Vicenç Tur en la concejalía de Urbanismo, debía actuar y lo hizo. De momento, la juez considera que de una forma no ajustada a derecho. Ahora el Ayuntamiento teme las consecuencias económicas, ante una posible indemnización millonaria. Se ve obligado a mantener el contencioso para evitar un grave perjuicio en la delicada economía municipal. Cuando se paralizaron las obras, los responsables políticos sabían que los promotores, ahora arruinados, recurrirían a la Justicia, para recuperar sus derechos o en busca de la indemnización. Por ese motivo, debe extremarse la prudencia y la seguridad jurídica. Si los técnicos se equivocaron, solo tienen una parte, aunque importante, de la responsabilidad.
Editorial
Cala Llonga, una sentencia preocupante