Los consells insulars, al carecer de capacidad para crear impuestos, dependen de los ingresos que reciben de la Comunidad Autónoma y, en menor medida, del Estado. El retraso en la revisión del modelo de financiación de las instituciones insulares ha motivado que se siga aplicando un modelo que no funciona, basado en las famosas «cantidades a cuenta» que adelanta la tesorería del Govern balear. Es preciso acabar, de una vez por todas, con esta anómala situación que perjudica el buen funcionamiento de los consells e impide que puedan desarrollar todas sus funciones y competencias. Menorca debe liderar la reivindicación de una revisión en profundidad de este sistema con un nuevo marco legal que garantice la financiación de unas instituciones que, según el Estatut, desempeñan funciones de gobierno y representación de cada Isla. Al mismo tiempo, el Govern no puede demorar el pago los 12, 7 millones que adeuda al Consell menorquín, porque la primera institución política insular no puede ser considerado como un proveedor más. Lo incomprensible es que se arrastren deudas del 2010 y convenios que se firmaron sin partida presupuestaria.
Editorial
El Consell no es un proveedor más del Govern