Cuando el PSOE estaba en la oposición (diciembre 2007) no tenía inconveniente en que Agrytursa, promotora de la ampliación de Sant Tomàs, abonase al municipio los terrenos correspondientes al diez por ciento de aprovechamiento. Ahora que desempeña el gobierno municipal de Es Migjorn Gran pretende ingresar 516.000 euros en la tesorería del Ayuntamiento por este concepto. Pero los hermanos Mercadal Arguimbau, impulsores de la ordenación del controvertido Polígono C de esta urbanización, tienen el pleno convencimiento de que no tienen ninguna obligación pendiente ni adeudan ninguna cantidad a la administración municipal.
Asistimos a un nuevo capítulo de la larga historia de encuentros y desencuentros que, desde hace años, protagonizan los promotores por una parte, y por otra parte el exalcalde Manuel Triay y el exconcejal Antoni Borrás, ambos del PP. Fueron Triay y Borrás quienes, en 2007, lograron que los técnicos municipales rechazaran las pretensiones de la promotora de pagar en metálico la cesión del 10 por ciento de aprovechamiento.
«La ley está por encima del convenio», afirmó el anterior alcalde, Andreu Moll, para desautorizar el acuerdo suscrito el 25 de mayo de 2003 por la entonces presidenta del Consell, Joana Barceló; Pere Riudavets, que desempeñaba la alcaldía de Es Migjorn; y Francisco Mercadal Arguimbau, consejero delegado de Agrytursa, que había previsto abonar en efectivo la cesión en lugar de aportar los terrenos.
Pero en diciembre del 2011, con el actual gobierno municipal del PSOE, concluyó el plazo de tres años para que los promotores pudieran recomprar, por 516.000 euros, los terrenos cedidos. El ayuntamiento de Es Migjorn tenía que haber aplicado el proverbio de Santo Tomás: «hasta no ver, no creer».