El Consell vive un ambiente poco saludable. El equipo de gobierno sufre un stres post traumático, debido al impacto económico de la sentencia Cesgarden. Lo que ya se conoce como «la losa», con un peso de casi 29 millones de euros, le obliga a repartir parte de la factura, con un recorte de la colaboración con los Ayuntamientos. Cuando otras administraciones, como Maó, están encarando con optimismo la segunda etapa del mandato, la que conduce a las elecciones, el equipo de gobierno del Consell echa más horas que nunca y tiene pocas alegrías.
No es extraño que el presidente Tadeo se crispe con la oposición del PSOE, que confunde dos conceptos. Se opone a casi todo pero oposita muy poco para ser realmente una alternativa al gobierno insular. Oponerse es fácil. Para el «no» se encuentran argumentos a porrón. Pero la credibilidad se gana con la responsabilidad. Y en el caso Cesgarden pasa por reconocer los errores que se cometieron en la gestión política, sobre todo cuando en 2006 tuvieron la oportunidad de desactivar la bomba, con una modificación del PTI que pretendía evitar el pago de indemnizaciones. El mismo error que cometió LLorenç Carretero en Sant Lluís cuando no trasladó al Consell el convenio con el promotor de Son Ganxo, que ahora tiene derecho a percibir una indemnización de más de 9 millones. El PSOE en el Consell padece el síndrome del regreso al pasado, el recuerdo de que ha gobernado y que la responsabilidad no queda extinguida con unas elecciones.
El PTI no es la Biblia, ni la Constitución. Es una herramienta que ha servido para algunas cosas buenas y que en otras hubiera podido tener más visión. Pero no ha bajado de la montaña. Se elaboró en el Consell, por parte de unos técnicos y de unos políticos, que en los últimos años se han colgado un montón de medallas, algunas muy merecidas. Pero no todas las carreras se ganan. De las derrotas solo se aprende si se asumen. Así, quizás, se pueda volver a ganar.