La proyección demográfica de Balears para la próxima década que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística confirma el imparable envejecimiento de la población; una evolución preocupante por su impacto sobre la economía y la sociedad. Las Islas afrontan un horizonte con la recuperación del saldo migratorio negativo, pérdida de habitantes y unas altas tasas de dependencia que ponen en peligro las prestaciones sociales.
En diez años, casi la mitad de la población estará formada por menores de 16 años o mayores de 65, colectivos que se sitúan fuera del trabajo activo. El dato más relevante consiste en el aumento, hasta el 27,7 por ciento, de las personas en disposición de cobrar una pensión, consecuencia del progresivo envejecimiento demográfico. En este contexto, la financiación de los servicios y las prestaciones públicas corre peligro de quedar colapsada por falta de recursos.
Este escenario plantea la necesidad de aplicar fórmulas para asegurar la sostenibilidad del sistema, mediante un aumento de la participación de los trabajadores, con una mayor presión fiscal o fórmulas mixtas que garanticen las pensiones del futuro. Demorar el debate solo retrasa la adopción de medidas.