En 2001, los concejales Manuel Triay, exalcalde, y Antoni Borràs, del PP, se querellaron contra el entonces alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Riudavets Fayas (PSOE) por un presunto delito contra las garantías constitucionales después de haberles sido negado el acceso al registro general del Ayuntamiento.
En primera instancia, el Juzgado de Instrucción número dos de Ciutadella -el mismo que, curiosamente, ha dictado ahora el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por los concejales del PP contra el actual alcalde, Pere Moll, y Elena Baquero, primera teniente de alcalde- también acordó el sobreseimiento provisional de la querella.
Pero, en grado de apelación, la Audiencia Provincial ordenó celebrar juicio oral ante el Juzgado Penal de Maó que entonces ya dirigía el magistrado decano de Menorca, Bartomeu Mesquida Ferrando. El alcalde Riudavets Fayas había quedado absuelto en primera instancia, a pesar de una dura reprimenda en la sentencia por su comportamiento, pero la Audiencia lo condenó a un año de inhabilitación para desempeñar cargo público.
Los magistrados de la Audiencia concluyeron que, desde la alcaldía, Pere Riudavets «restringió el derecho de participación de los restantes concejales en los asuntos públicos, al impedir el acceso de los ediles de la oposición a los datos del registro municipal». Muy a su pesar, el 26 de marzo de 2007 tuvo que poner fin a 18 años en la vida pública migjornera, iniciada en 1989 al ser designado vocal de la Comisión Gestora del octavo municipio de Menorca, y se vio obligado a ceder la vara de mando a Elena Baquero. Tres meses después, Andreu Moll (PP) fue elegido alcalde de Es Migjorn.
El partido de vuelta
Diez años después, el PSOE parece no haber aprendido la lección del 'caso Pere Riudavets' y ha lanzado las campanas al vuelo tras una interlocutoria en apariencia muy contundente que le ha sido favorable.
El auto dictado el pasado 14 de enero por la juez María Belén Velázquez, dice ampararse en la actual jurisprudencia, cuando la sentencia más reciente que cita es del 2003, de hace doce años. Nada que ver con los detallados argumentos utilizados por la jueza de Instrucción y, sobre todo, la Audiencia Provincial, al desestimar la querella del Fiscal y el Consell por el 'caso Cesgarden'.
La contundencia con que ha reaccionado el PSOE no puede excluir del análisis político dos aspectos relevantes. En primer lugar, el auto de la titular del Juzgado número 2 de Ciutadella no ha adquirido firmeza y aún falta por disputar el partido de vuelta en la Audiencia Provincial.
La segunda cuestión consiste en que el criterio del PP ha contado en este caso con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, institución muy bien valorada socialmente. Después de varios meses de estudio y valoración de la documentación remitida por el grupo de concejales encabezado por Ramón Verdú, trasladó las diligencias instruidas al Juzgado de Ciutadella por un presunto delito de prevaricación administrativa y delito urbanístico. Desconocemos, porque no se ha clarificado, si con valor de denuncia.
Resulta criticable la estrategia procesal del PP, que debería haber optado por la querella directamente, como ha hecho con otros casos, iniciados con posterioridad. De todas formas, sería aconsejable que el PSOE adoptase una actitud de mayor prudencia y serenidad ante la expectativa de una segunda instancia que nadie aún sabe cómo terminará.
La última ratio
Mientras, por un mínimo respeto a la inteligencia, estaría bien de dejar de utilizar el argumento, paupérrimo intelectualmente, de 'judicialización de la política', que no tiene sentido en un Estado de Derecho. Según el artículo 106.1 de la Constitución, los Tribunales de Justicia, los contencioso-administrativos, pero también los penales, controlan la «legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican».
El Derecho Penal es siempre la última ratio y en un estado europeo del siglo XXI son inadmisibles las antiguas inquisitio generalis. Pero tampoco podemos perder de vista que la reforma del Código Penal, del 2010, agravó las penas de los delitos contra la ordenación del territorio, que pueden alcanzar hasta los cuatro años de prisión, dada la ineficacia demostrada, reiteradamente, por la jurisdicción contencioso-administrativa para prevenir estos comportamientos altamente lesivos para nuestra sociedad.
Gabriel Tutzó Bennasar
Visión crítica para reclamar mayor cohesión de Menorca
En los almuerzos y encuentros del Cercle d'Economia de Menorca, del que era socio fundador, solíamos tomar asiento junto a Gabriel Tutzó y Estanis Company, con quienes compartíamos comentarios e intercambiábamos impresiones. Ha fallecido, Tito Tutzó, por un rápido e inesperado deterioro de salud. Nos queda, fresca y viva, la imagen de su extraordinaria curiosidad y su enorme inquietud por todos los temas relacionados con la sociedad, la política y la economía menorquinas. Muy unido a su hermano Francisco, protagonista de excepción de la Transición Política en la Isla, Gabriel destacó por una visión crítica, amplia y lúcida de los problemas de Menorca. También era de los que reclamaba una mayor cohesión y unidad de los menorquines para hacer valer nuestros planteamientos y ser más respetados fuera. Sus hijos Gabriel y Pablo continúan hoy la trayectoria de su padre.
Francina Armengol
Del 'gobernar en solitario' al 'todo es posible'
Esta semana, tras declarar que «aún no conozco cuál será su líder ni que propone para Balears», la secretaria general del PSIB-PSOE y candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, ha manifestado que «los socialistas saldremos a gobernar en solitario». Francina Armengol, una de cuyas manos derechas, tanto en el partido como en el Grupo Parlamentario, es el diputado autonómico menorquín Marc Pons, ha añadido que «es posible que también se dibuje un escenario de pactos». No descartemos gobiernos en minoría, que exigen mucha finezza y capacidad de acuerdo. Todo es posible en un año con cuatro convocatorias electorales, en la que la final se disputará en diciembre tras las tres primeras partes de las autonómicas andaluzas, con Susana Diaz que mira hacia La Moncloa; las municipales y autonómicas del 24 de mayo; y las catalanas de septiembre. Armengol no quiere demorar el 'número 1' de la lista del PSOE-Menorca al Parlament.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Cuándo permitió el Ministerio de Fomento cambiar el proyecto del Teatre des Born sin la autorización del Ayuntamiento?
¿Ganará Tadeo el pulso por el traspaso de la promoción turística y conseguirá aumentar la dotación?
¿Aceptará el Rey Felipe VI la invitación de Águeda Reynés para asistir a una ópera en el Teatre Principal?
¿Cuándo notificó el Juzgado 2 de Ciutadella el auto que archiva la denuncia del PP-Es Migjorn?
¿Denunciará Sigfrid Bernal las irregularidades para invalidar las otras dos listas de Podemos?