El nuevo tripartito que pilota el Govern balear desde las pasadas elecciones ha rescatado la ecotasa, ahora denominada impuesto de turismo sostenible, esa tasa de tan discutido recuerdo que ya impusieron los anteriores gobernantes de izquierdas a principios de este siglo. De nada ha servido la oposición frontal de la patronal hotelera o los grandes touroperadores internacionales. Francina Armengol, presidenta, considera este nuevo impuesto un modelo de financiación ideal para mejorarlo todo en el Archipiélago, -industria y turismo- a partir de los 60, 70 u 80 millones de euros anuales que puede llegar a recaudar. Otra cuestión es que se defina su destino en función del criterio de los ecologistas, Podemos o los propios socialistas que parecen discrepar también en esta cuestión.
Para los menorquines la ecotasa supone otra muesca más en el revolver con el que nos disparan al pie cada vez que programamos un viaje interislas. No basta con tener que abonar entre 70 y 90 euros por desplazarse a Mallorca o a Eivissa, en nuestra propia comunidad, si no se programa el viaje con considerable antelación, hay que colocar nuevos obstáculos para hacer aún más grande la distancia por mar que nos separa. Dos euros diarios por persona, si viajas en familia con mayores de 14 años durante cinco días, acarrean un buen pico añadido que ahuyenta las ganas de conocer Sineu, Lluc o Sant Joan, en Eivissa.
Cierto que la Unión Europea prohibe la discriminación entre viajeros por su origen, pero a uno le resultaría mucho más edificante, complaciente y lógico que sus propios gobernantes, tanto si los ha votado como si no, aportaran soluciones para facilitarle la vida, para favorecer sus desplazamientos más próximos. En todo caso, al menos, que no se la compliquen como sucede con este nuevo impuesto. Uno más que sumar a la lista.