Existe la posibilidad de que el alcalde de Es Migjorn sea condenado por prevaricación por anular 19 multas de tráfico, en algunos casos con informes en contra de la Secretaría. Formalmente, el caso es de libro. Un alcalde no puede decidir por su cuenta perdonar una multa, ni que se trate de personas sin recursos o que hayan aparcado mal por una urgencia. Hay medios para hacerlo "legalmente", con todos sus informes en regla, con la intervención de servicios sociales, de los servicios jurídicos, con un informe del jefe de Policía respondiendo a un recurso de reposición. Es decir, recorriendo toda la burocracia para que lo que posiblemente sea justo también sea legal. Aunque sus causas sean nobles y que no exista la más mínima sospecha de que haya actuado por un beneficio propio, el hecho de haber anulado una sanción a un ciudadano, al que ha escuchado y comprendido, puede al final obligarle a dejar la alcaldía.
Todo esto está desproporcionado. La oposición de Es Migjorn del PP ha decidido hacer prácticas judiciales llevando al juzgado todo lo que parece irregular. El fondo no importa tanto como las formas. Y en las interpretaciones frías de las normas puede que tanga razón, aunque los ciudadanos no lo perciban así. La ley en su sentido estricto y los juzgados están hoy por encima de las opiniones, del fondo de las cosas y, por supuesto, de la política. Al menos, en este caso, el alcalde ha detallado por qué anuló cada una de las multas. No comparto la idea de que cualquier posible irregularidad debe ser llevada al Juzgado.
Al final, ¿para qué sirve un alcalde si no tiene un cierto poder discrecional de tomar decisiones? El problema es que desconfiamos tanto de los políticos que hay que establecer cada día más normas, leyes y controles para tranquilidad pública. ¿Por qué no sustituimos a los alcaldes por gerentes capacitados contratados por concurso? Parece que hemos decidido recuperar la confianza en el sistema desconfiando de los políticos y buscando el premio gordo, una condena judicial.