La inmediata -y precipitada- reacción de la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras anunciar Mariano Rajoy que el descuento de residente en los vuelos interinsulares de Balears pasará del 50 por ciento actual al 75 por ciento consistió en «si sube el descuento, se favorece a las compañías».
Porque la realidad es otra. Las aerolíneas no pueden incrementar el precio de los pasajes a su antojo en las rutas interislas porque es el Ministerio de Fomento quien se encarga de fijar los precios máximos para estas rutas al haber sido declaradas, en 2008, Obligación de Servicio Público (OSP). En el caso de Balears está fijado en noventa euros, tal como determina la declaración de OSP publicada por el Boletín Oficial del Estado.
El margen de maniobra de las compañías aéreas está limitado a este precio de 90 euros, un tope que no pueden rebasar mientras esté en vigor la Obligación de Servicio Público. El conseller Marc Pons enmendó ayer la plana a la presidenta Armengol al declarar que el aumento del descuento de residente del 50 al 75 por ciento «nos sitúa en precios finales que rondan los veinte euros por trayecto entre Mallorca y Menorca o entre Mallorca y Eivissa».
Una cantidad inferior a los treinta euros de la tarifa plana solicitada por el Ministerio de Fomento y el Govern a la Unión Europea. Es el momento de releer el Régimen Especial de Balears, aprobado en 1998, cuyo artículo 4 establece que a los ciudadanos españoles y de los demás estados de la UE, residentes en Balears, se les aplicará la reducción en las tarifas de transporte marítimo y aéreo para los trayectos interinsulares en el archipiélago balear que será la aplicable con carácter general a los archipiélagos del Estado Español. Al ganar Canarias, ganamos todos. Ahora falta conocer la respuesta de Bruselas a la petición de la tarifa plana.