Las denuncias y acusaciones del GOB han puesto bajo sospecha a todos quienes desempeñan función pública -ya sea autoridad o funcionario público- que intervinieron en la gestión y resolución de los expedientes hoy cuestionados por Miquel Camps y Carlos Coll. Cuando el actual mandato arranca su tramo final se desempolvan actos administrativos del 2012, 2013 y 2014, se abren dudas que dañan la honorabilidad de los políticos que intervinieron y también ponen bajo la lupa de la sospecha a los empleados públicos que participaron en su tramitación.
Porque, según afirmó el conseller de Movilidad, bajo la atenta mirada de Miquel Camps, "se debe revisar todo". Muy bien, Miquel Preto, ¿por dónde empezamos?, ¿dónde marca el GOB? ¿o dónde deberían fijar PSOE, Més y Podemos? No seamos malpensados. A lo mejor coinciden el gobierno tripartito y el GOB. En 24 horas pasamos directamente del debate político al terreno penal con acusaciones de tanta gravedad como un -presunto, naturalmente- delito de malversación de fondos públicos. Un ilícito severamente penado por el Código Penal en los delitos contra la administración pública cuyo sujeto activo "sólo puede ser la autoridad o funcionario público".
Lo más sorprendente es que, ningún empleado del Consell ni tampoco los políticos del PSOE, PSM y Podemos -bien en la oposición o en el gobierno- hubieran advertido antes las presuntas fechorías que dice haber descubierto el GOB. ¿Para qué una comisión política de investigación, en lugar de acudir directamente a la Fiscalía o la flamante Oficina Anticorrupción? Vayamos al grano.
Por cierto, ¿tiene franco acceso Miquel Camps a todos los expedientes, facturas y pagos de la institución insular o no son de aplicación las prescripciones de la Ley de Protección de Datos?
El funcionario Preto
En este asunto político, con el que ya ha empezado la campaña para las elecciones de mayo de 2019, tendrán que comparecer ante la comisión de investigación los funcionarios de la conselleria.
Entre ellos, Miquel Nicolau Preto Fernández (Maó, 1964), técnico auxiliar del servicio de Carreteras del Consell, director insular de Transportes (junio 2015-julio 2016) y hoy conseller de Movilidad.
¿No vio, observó o detectó el funcionario Preto, hoy autoridad, ninguna irregularidad -o delito, puestos a especular- como empleado público adscrito al departamento donde se habrían producido estas tremendas infracciones? Cabe exigir responsabilidades in vigilando.
Hay que investigarlo todo, según la doctrina Preto , pero, ¿por qué ahora?, ¿por qué se concatenan durante la misma semana la aparición de la "interferencia" de las navetes de Rafael Rubí, la prórroga del Ministerio de Fomento para continuar las obras de la carretera hasta el 2023 y la denuncia del GOB? ¿Mera coincidencia?
Sigue teniendo vigencia esta frase: "Extraño país en el que no puedes dar un paso sin topar con un privilegio dar una vuelta a una piedra sin alterar una costumbre abrir un nuevo camino sin perturbar un derecho civil". (Antoine de Causan, intendente del conde Lannion, gobernador de Menorca 1756-1762 y fundador de Sant Lluís).
Ciudadanos, de perfil
Las encuestas -tanto del CIS en el conjunto de España como del IBES en Balears- que pronostican un incremento en la intención de voto para Ciudadanos hallan su contrapunto en la calculada indefinición que practica el partido de Albert Rivera. Para evitar pronunciarse utiliza el ni sí, ni no, sino todo lo contrario que le permite aplicar el escaqueo político, eludir compromisos y mantenerse en una áurea imprecisión.
En el Senado se abstuvieron ante la moción del PSOE para aumentar el descuento de residente al 75 por ciento en los trayectos con la península. Pero en el Consell de Mallorca los dos consellers de Ciudadanos votaron a favor, como hicieron todos los partidos.
De las 35 proposiciones de ley que durante esta legislatura han sido tomadas en consideración en el Congreso, los diputados de Rivera se han abstenido en once casos. Entre estas abstenciones, la prisión permanente revisable, la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la ley mordaza , la reparación jurídica de las víctimas del franquismo y la reversión de la Ley del Aborto. El aumento del descuento de residente que reivindica el PSOE para las rutas con la península fue aprobado con el voto en contra de los socialistas en el Congreso. En este caso Ciudadanos votó a favor al aprobar los Presupuestos Generales de 2017.
Los progresistas y el PI
Con todas las dudas abiertas sobre si la propuesta de zonificación para el alquiler turístico será presentada al próximo pleno del Consell, la imagen de esta semana la protagonizan los partidos que apoyan el Govern del Pacte. Elogiaron, sin rubor, su propia gestión. Miquel Payeras, que califica la escena de "enternecedora", escribe: "Faltaba el PI, un partido que al parecer ya no es de derechas según se desprende del olvido significativo por parte de nuestros dirigentes izquierdistas que se conjuran para evitar un gobierno del PP con Ciudadanos. Es el principio del proceso de desderechización del PI por parte de los que todavía se llaman izquierdistas y que a no tardar ya se sólo se dirán progresistas para poder pactar con los regionalistas".
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Con qué disfraz recorrieron el viernes las calles de Ciutadella los concejales del gobierno municipal encabezados por Joana Gomila?
¿Se llegará a construir el rocódromo en Ciutadella?
¿A quién ha propuesto el PI encabezar la candidatura municipal de Ciutadella el 2019?
¿Pactarán gobierno y oposición el cierre y peatonalización de Es Cós de Sant Lluís?
¿Quién será el juez instructor del expediente municipal para nombrar hija ilustre de Ciutadella a Pilar Benejam?
¿Qué entidad decidió no firmar el escrito sobre el enlace de la carretera en Rafal Rubí?