En plena recta final de la legislatura el gobierno del Consell se ha dado de bruces con la realidad que le va a impedir ejecutar la bandera de las demoliciones enarbolada con supuesta determinación para acceder a la plaza de la Biosfera, recogiendo el sentir de una parte de la sociedad insular contraria a la reforma auspiciada por el PP en la carretera general.
Informes técnicos y jurídicos internos y externos a la institución, por fin dados a conocer, acaban de torpedear el compromiso que cosió a las fuerzas políticas de izquierda para derruir los puentes medio construidos. Los mismos informes, además, descartan la alternativa de los consellers de Cultura y Movilidad que propusieron las rotondas a nivel, tanto desde el punto de vista técnico, paisajístico como económico.
El propósito de encontrar un amparo de los ingenieros a aquella decisión política ha resultado calamitoso. Ejecutar una voluntad ideológica transformada en decisión política no avalada por los técnicos competentes puede conllevar responsabilidades jurídicas a medio plazo. Y cualquiera las asume después de las experiencias más próximas en el tiempo.
Más frustrante debe resultar incluso para el tripartito que tampoco el argumento económico ampare contundentemente la demolición, tanto como las soluciones que han arbitrado hasta el momento, pocas o ninguna para eliminar las rotondas a doble nivel que eliminen los giros a la izquierda.
Como consecuencia las costuras del pacto de gobierno se han abierto a cinco meses vista de las nuevas elecciones tras el desmarque atrevido de Podemos que ha revelado discrepancias ocultas entre las tres formaciones.
Encontrar una salida consensuada, rápida y que sea convincente, entre Més, Podemos y PSOE parece ahora tarea complicada. En todo caso, la demolición pasará a mejor vida al menos durante esta legislatura. Los puentes a medio construir siguen más vigentes que nunca y la carretera continúa en precario casi cuatro años después.