Es conocida la expresión ‘el papel lo aguanta todo', es decir, se puede legislar lo que se quiera, ponerlo negro sobre blanco y luego, otra cosa ya es si se podrá cumplir, o ayudará a mejorar las cosas o tal vez solo las complicará. Algo similar sucede con el alquiler turístico. El Consell lo reguló con la intención de poner orden, y también incidir en un mercado del alquiler residencial desvirtuado por el negocio de temporada, y ahora la realidad es que la oferta de las estancias turísticas le desborda, la situación parece que excede de lejos su capacidad de control. Cuando comenzaron a aplicarse los nuevos criterios ya se sabía que era una lucha contra gigantes, al mismo tiempo escurridizos, como son las plataformas donde se anuncian los alquileres turísticos. Ni las amenazas de multas han hecho que muchos propietarios, ahora más que nunca acuciados como tantos otros por la pandemia y la necesidad de tener ingresos, se echen atrás y dejen de exponer sus viviendas sin licencia. Aparecen en una simple búsqueda y los inspectores lo detectan, pero admiten que localizar al infractor para abrirle un expediente es ya más difícil; de hecho el último rastreo en 2019 de los principales portales de internet aportó la cifra de 2.000 anuncios sin registro, pero solo se han identificado cien viviendas, un exiguo 5 por ciento.
La justicia por otro lado da la razón a las webs, meras anunciadoras, aunque exhiban viviendas que no cumplen los requisitos legales, los Goliat de internet se lavan las manos. Pero el reconocimiento de la institución de su incapacidad para luchar contra la oferta irregular no puede acabar en fracaso, eso solo da alas a los potenciales infractores. Como siempre habrá otros que cumplirán los requisitos, tramitarán su permiso si pueden o se quedarán fuera del negocio por las limitaciones impuestas, generándose una situación injusta a la que se debe poner remedio. Si hay reglas, eludirlas debe tener consecuencias, de lo contrario, no sirven.