La Ley de la Reserva de Biosfera que mañana aprobará el Consell debería nacer con consenso y no es así. Que no tenga el apoyo de la oposición no es un mal menor, en un proyecto tan importante, pero casi se da por supuesto en tiempos en que las estrategias están por delante de las ideas y sobre todo del interés público. Pero esta ley no tiene el apoyo ni del Govern. La restauración del pacto de gobierno no puede obviar la contundencia de un informe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que no llegó a Menorca por vía ordinaria, sino en mano de dos consellers del Govern. Susana Mora ha manifestado que durante toda la crisis solo ha recibido un whatssap de la presidenta Armengol. Es evidente que un mensaje genérico de ánimo no bastará para salvar los obstáculos jurídicos y políticos que el Govern va a poner para que la ley no salga tal cual llegue al Parlament.
Creo que vale la pena reivindicar dos cosas importantes, ante posiciones negacionistas que crecen en las últimas semanas. La declaración de Reserva de Biosfera no puede estar más de 25 años sin una sola referencia legislativa, no puede despreciarse como si fuera solo un diploma en la pared, ya que representa una idea ampliamente compartida y fructífera para los menorquines: la protección del territorio y la calidad de vida son patrimonios que hay que cuidar, también por interés económico. Una Ley que contemple estos objetivos bien merece salir adelante.
Dos. El Consell es una institución autonómica, no local, y es la que más nos representa. Así como es posible cuestionar el sentido del Consell de Mallorca, donde ya se ubica la sede del Govern, Menorca necesita de un Consell con el máximo de capacidad de gestión, porque lo que nos diferencia del resto de las Islas merece un trato específico. El argumento genérico y justificado de que estamos rodeados y saturados de normas no debería servir para cuestionar el papel del Consell ante su ley más importante.