El PSOE se ha fijado el objetivo político de criticar la gestión de Marta Vidal porque cree que hay materia suficiente para debilitar al Govern. Desde el primer momento en que se conoció que iba a ser consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern ya se puso en la diana. En parte por su perfil: cuando dejó de ser consellera de Ordenación del Territorio del Consell de Menorca en 2015, dejando como herencia una útil Norma Territorial Transitoria, empezó a asesorar a promotores, inversores y empresarios como experta en derecho urbanístico. Realmente es difícil el ejercicio de la política cuando procedes de la esfera privada, al gestionar temas particulares, los mismos o parecidos que después asumes desde la administración pública. Y más en cuestiones de territorio, que son de las que más dinero mueven. Lo tiene fácil la oposición para sembrar la sombra de la duda o la presunción de culpabilidad.
Marta Vidal pudo empezar de forma más discreta pero lo hizo anulando el derecho preferente de compra por parte del Govern de los pisos de Metrovacesa en Palma y mandando a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de la administración Armengol. A eso se añade su demora en la presentación de la declaración de bienes.
La consellera no solo debe ser sino también parecer. El PSOE insiste en que sigue siendo administradora de MV Urbanismo porque el cambio de administrador no está inscrito en el Registro Mercantil. Es una cuestión puramente administrativa que, en mi opinión, tiene poca importancia. Vidal donó sus accciones ante notario el 18 de septiembre y ese mismo día renunció al cargo de administradora. La inscripción registral es solo a efectos de publicidad. Por lo tanto, no es administradora.
Es posible que Vidal se precipitara con la denuncia de Metrovacesa, aunque la oposición debería buscar más la importancia del fondo que la apariencia de las formas.