El tipejo que alquilaba trasteros y cuartuchos como viviendas ha recibido una multa del Govern de dos millones de euros. Tenía unas setenta de estas infracasas, pero al bajo precio que las ponía en el mercado dudo que haya acumulado tal cantidad de dinero. De cualquier forma, seguramente recurrirá ante la Justicia y el caso se eternizará en los laberintos burocráticos de los juzgados, mientras él continuará con su lamentable actividad inmobiliaria. Porque lo que hacía este señor es tremendo, pero también, por desgracia, era una solución aceptable para personas en situaciones críticas que, de otro modo, acabarían debajo de un puente.
A menudo nos bombardean desde las instituciones con mensajes grandilocuentes sobre la economía, los ingresos millonarios, el aluvión turístico y toda clase de datos eufóricos sobre lo bien que nos va, que no hay desempleo, que la facturación se dispara. Pero por debajo del brillo de primera línea se esconde una realidad muy diferente, la de miles y miles de desarrapados que no consiguen salir adelante. Gentes de toda edad, procedencia y condición que han acabado en los márgenes de la sociedad y a lo único que aspiran es a buscarse la vida, muchos con paguitas minúsculas por alguna discapacidad, otros con problemas de salud mental o adicciones, ese tanto por ciento de la sociedad que no se sube al carro. El policía desalmado no hacía más que brindarles un techo, aunque precario y quizá deshumanizado, donde guarecerse de la inhóspita intemperie. Ignoro si la multa va acompañada del precinto de las instalaciones, lo que forzaría a las instituciones a buscar un refugio a esas personas. Es fácil multar, denunciar y perseguir. Lo complicado es resolver problemas.