El anuncio de la derogación de la Ley de Memoria Democrática es una mala noticia para Balears y responde a la obsesión de Vox de anular todas las leyes que permiten mirar hacia atrás, sin dolor, a las víctimas del franquismo y a familiares de los represaliados durante los 40 años de dictadura franquista. Vox no quiere ni oír hablar de leyes de memoria y de recuperación de familiares y se siente aludido cada vez que sale este tema al debate público. No es original la comparación, pero las políticas de Vox, las afirmaciones que realizan muchos de sus militantes, las propuestas que presentan en el Parlament devuelven una imagen de Balears en blanco y negro que produce tristeza por lo que implica de pérdida de derechos.
Ha sido Vox quien ha presentado la propuesta en el Parlament pero serán Vox y PP quienes la aprueben. El PP no quiere ser el promotor de la iniciativa, pero terminará siendo el colaborador necesario cuando, con sus votos, permita que se derogue la ley. Los ‘populares' se agarran a que el PP cumple sus promesas y hará lo que dijo que haría y que quedó plasmado en el acuerdo de 110 puntos que pactó con Vox para que Marga Prohens fuera presidenta. Podía no haberlos firmado. Se podía haber plantado en ese asunto y no haberlo incluido en el programa de 110 puntos. Afortunadamente, la ley de fosas se mantendrá en vigor, muy a pesar de Vox, porque el incansable trabajo de la diputada Margalida Capellà permitió que se aprobara por unanimidad, con el voto del PP incluido.
No es el caso de la Ley de Memoria, pero el PP también estuvo de acuerdo en muchas de las cuestiones que recoge la normativa. Cuando pactó con Vox, podía haber intentado arrancar de sus socios una modificación de la ley, pero ha elegido seguir adelante con la derogación, cumpliendo una de la obsesiones de Vox, a pesar de que sabe que tendrá problemas con las leyes de memoria democrática. Vox ha arrancado del PP mucho más de lo que los ‘populares' deberían darle en este asunto.