La ampliación del geriátrico de Sant Lluís lleva meses acabada, con el equipamiento embalado y sin estrenar, a la espera ahora de licitar la gestión del servicio. Lo mismo ocurrió hace unos años en Ferreries. No solo son las obras de construcción, sino también los procesos, excesivamente largos de la administración, los que eternizan los proyectos para habilitar nuevas residencias de mayores. Si no es el problema para redactar y tramitar estas laboriosas adjudicaciones, entonces son los debates políticos que pasan de un mandato a otro, sobre si es mejor una obra nueva o rehabilitar; o sobre dónde se tienen que ubicar este tipo de servicios, así ocurrió en Es Castell y está pasando también en Alaior. No siempre pensando en lo mejor para el ciudadano, porque mientras se enrocan en sus posturas, pasan los años.
Discusiones que nada importan ya a los mayores que dejan de estar en la lista de espera porque sencillamente se les acabó el tiempo, ni a sus familiares, que son los que se encuentran con situaciones muy complicadas para atender a ancianos dependientes o a personas no tan mayores pero con enfermedades neurodegenerativas. El esfuerzo en crear residencias no se puede negar, pese a los enormes retrasos, pero igualmente se sabe que no habrá plazas suficientes. Ni siquiera si se logran inaugurar los tres centros ahora con obras en marcha en un plazo razonable, de aquí a dos años, llegaría a ponerse a cero una lista que no deja de crecer. La necesidad va por delante.
Para las instituciones es más fácil y económico que los mayores sigan en sus casas. Ahora el Consell estudia si el Servicio de Atención Domiciliaria de Alta Intensidad, que nació como proyecto piloto en 2023 y se convenió con el Ayuntamiento de Sant Lluís, puede ser la solución. Si la prueba ha ofrecido buenos resultados podría convertirse en un servicio insular, que se extendiera a otros municipios y ayudara a aliviar un problema que se sabe, porque la evolución demográfica es clara, que solo puede empeorar a medida que nuevas generaciones envejecen.