Una de las señas del grado de democracia de una sociedad está en el respeto a las minorías. Es también una cláusula de admisión en la Unión Europea. Actualmente, los tres países bálticos –Estonia, Letonia y Lituania–, surgidos de la desmembración de la Unión Soviética, forman parte de la UE y, sin embargo, están empezando a mostrar signos preocupantes de debilitamiento democrático. La excusa es su cercanía con Rusia, a la que últimamente se le achacan todos los pecados del mundo. Hace unos días se celebró con alegres ceremonias la desconexión de los tres países de las redes energéticas rusas para unirse a las europeas, un evento capitaneado por Ursula von der Leyen del que, a buen seguro, sus ciudadanos se arrepentirán por el nuevo precio que tendrán que pagar. Los territorios fronterizos se están transformando en búnkeres ante el miedo a una posible invasión de las tropas de Vladímir Putin, cosa improbable, por no decir delirante. Hasta ahí todo entra dentro de lo normal cuando uno decide convertir a su vecino en enemigo.
Lo que ya no es tolerable es la persecución de las minorías rusas, muy amplias. En Estonia, la población rusa oscila entre el 25 y el 40 por ciento según la región. Gentes que llevan viviendo ahí más de ochenta años y que conservan su idiosincrasia e idioma. No tienen acceso a la nacionalidad, les prohíben a sus hijos estudiar en ruso y, ahora, se les niega el derecho a voto, se les priva de servicios sociales y se prohíben los medios de comunicación en ruso. Esto es propio de regímenes totalitarios, pero callamos y miramos hacia otro lado. Por cierto, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, es estonia. Y el responsable de Defensa, Andrius Kubilius, es lituano.