Una de las razones de la continúa y ascendente escalada de precios de la vivienda podría ser controlada de forma inmediata y radical. Si es cierto que nuestra clase política se desvela por las noches dándole vueltas al problema y se desvive durante el día ensoñando empresas constructoras y comercializadoras públicas, sostenibles, eficientes, justas y equitativas, no tiene ninguna razón para dudar en aplicar este control. Pero da la sensación de que la pretendida ansia de perfección en la mayoría de las soluciones propuestas representa poco más que seguir añadiendo adjetivos biensonantes al sustantivo vivienda, construir de forma chapucera y minimalista unos cuantos bloques mal contados, provocar agravios comparativos al asignarlos y controlar el tema turístico mientras mantenemos la carrera alcista.
EL IMPUESTO DE TRANSACCIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, a pesar de la logradísima eufonía de un nombre que impresiona, no se justifica por necesidades reales de la administración vinculadas a las acciones realizadas. Encarece, innecesariamente, el objeto del gravamen en cada operación de compra venta. Representa entre un cuatro y un diez por ciento según el precio de la operación y lógicamente se ve incrementado con cada cambio de teneduría. Así, en la parte alta de esta tabla, cien se convierten en ciento diez tras un intercambio y en ciento veintiuno al siguiente, estimulando una absurda carrera alcista de un bien que no ha sido modificado ni mejorado en ningún aspecto excepto en su calidad de transferido.
EL AVISO SOBRE la prescindibilidad, la peligrosidad y los perniciosos efectos de este impuesto viene de antiguo. La paleo historia de este gravamen resulta especialmente interesante. Según cuenta el pensador inglés David Hume en su Historia de Inglaterra bajo la Casa Tudor -publicada en 1742, en los tiempos en que Menorca era inglesa- su mero anuncio provocó la única respuesta firme de un parlamento frente a un monarca de esa dinastía absoluta y absolutista. Todos los parlamentos convocados por Enrique VIII, Eduardo VI, la sangrienta María y la Reina Isabel se caracterizaron por una ridícula docilidad ante la autoridad real a la que siempre concedieron los subsidios, tributos y capitaciones que les fueron exigidos. Hasta el plante del pretendido impuesto de transacciones patrimoniales que se propuso, precisamente, en medio de la guerra con España y ante la amenaza de la Armada Invencible. El parlamento, ante el diez por ciento de las compraventas que pretendía la reina, se negó por primera y única vez. Argumentó que los ingleses se quedarían sin casas, que la subsiguiente crisis habitacional sería intolerable y que hasta aquí habían llegado. Hume, 150 años después, le daba a aquella cámara toda la razón y afirmaba rotundamente que la implantación de ese sobrecoste hubiera llevado a la nación a la ruina, asegurando que ni los más fieros de los tiranos de la historia se hubiesen atrevido a proponer semejante monstruosidad.
Resulta extraño que nosotros resultemos más dóciles que los vasallos del antiguo régimen; pero por lo visto lo somos. Eliminar esta carga contribuiría de forma notable a aligerar el incremento del coste de nuestras viviendas y no sería magia, sería nuestra propia decisión sobre nuestros propios impuestos.