Los radares instalados en tres puntos de Maó: en el acceso al polígono industrial, a la entrada de Sant Climent y en un tramo de la Ronda cumplen con su efecto disuasorio para que levantemos el pie del acelerador. Los conductores locales y también los foráneos, porque las empresas de alquiler de coches se preocupan de informarles de la localización de los cinemómetros, para evitarse así complicaciones y papeleo añadido. Son temidos y nadie se arriesga a comprobar si hay o no la lente fiscalizadora en su interior, como tampoco nadie sabe si están generando multas o si son radares fantasma. Por lo visto tampoco todos los radares que tiene la Dirección General de Tráfico (DGT) en la red de carreteras están activos a la vez. La peculiaridad aquí radica en que los compró e instaló el Ayuntamiento en 2022. No se supo con certeza si funcionaban o no durante mucho tiempo, pero oficialmente su periodo sancionador se inició el 15 de abril de 2024.
No habían pasado ni dos meses cuando la DGT se lanzó como ave de presa sobre estos radares alegando que están en vías de su competencia, por lo que la gestión –y lo recaudado con las multas–, era para ellos. Ha costado otro año que el organismo aclarara, categórico, que no va a compartir la recaudación, si la hay, con el Ayuntamiento; tampoco prevé compensar con mejoras de seguridad o viales los 150.000 euros que invirtió el municipio en los aparatos. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. La titularidad de los cinemómetros sigue siendo municipal, así que abre la puerta a que el Ayuntamiento, si quiere, los cambie de sitio como hizo Es Migjorn. En 2024 la DGT formuló 153.552 denuncias en Balears, se desconoce si en esa cifra se incluyen o no las de los radares de Maó. Tampoco se sabe qué hará el Ayuntamiento con ellos. El límite de velocidad hay que respetarlo igualmente pero la pregunta es ¿a qué viene este apagón informativo?