Hace unos años, cuando se anunció la construcción de la segunda piscina municipal de Maó, me puse a temblar. Por experiencia, sé que la accesibilidad suele entrar por la puerta de atrás… si es que entra.
Así que rápidamente escribí al concejal Sr. Carlos Montes, responsable en aquel entonces del proyecto, y le pedí algo muy simple: que se hiciera una piscina para todos, con una rampa de acceso real al agua, no con la ya habitual grúa con sillita de plástico. Muchas personas no pueden hacer transferencias a la grúa o mantener el equilibrio sobre ella. Por tanto, las ventajas de una rampa accesible son evidentes: permite el acceso autónomo con una silla de ruedas adaptada, elimina la dependencia de personal o dispositivos poco fiables o que se estropean, y, sobre todo, ofrece una solución válida para todas las personas.
Para reforzar mi petición, también lo publiqué en Facebook. Fecha: 5 de julio de 2018. Acompañé el texto con fotografías de piscinas con rampas accesibles, por si alguien necesitaba inspiración visual.
El Sr. Carlos Montes respondió amablemente a mi publicación, afirmando que la rampa estaba «prevista en el proyecto inicial», ya que la nueva piscina tendría un «enfoque más social que deportivo», con la intención de «llegar por completo a todos los ciudadanos por igual».
Sus palabras me tranquilizaron. Esa noche conseguí dormir varias horas seguidas.
Hace unos días se inauguró la nueva piscina. Cuando el humo de los cohetes y el confeti se disiparon… la rampa no apareció por ningún lado. Solo el dichoso elevador con la sillita de plástico: símbolo de la accesibilidad aparente, pero que no respeta la diversidad de cuerpos y necesidades.
Supongo que ahora se lavarán las manos acogiéndose a que todo cumple con la normativa. Pues no. La ley no habla de cumplir con lo mínimo ni de colocar soluciones simbólicas. Habla de garantizar una accesibilidad real, segura y autónoma. Sin ir más lejos, la Ley 8/2017 de Urbanismo de las Illes Balears, en su artículo 3.1.f), establece explícitamente que un fin primordial de la actividad urbanística es «garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos, como condición indispensable para la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas». En consecuencia, la ausencia de un acceso adecuado para todos los usuarios con discapacidad vulnera directamente este mandato legal.
Y, por si fuera poco, normativas como el Decreto 110/2010 (y su sucesor, el Decreto 1/2023) introducen el concepto de «cadena de accesibilidad», que no debe romperse en ningún espacio público, incluidas las piscinas municipales. Asimismo, el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA 9: Accesibilidad), exige que los edificios públicos aseguren un uso autónomo y seguro.
Por tanto, no es solo un compromiso roto: es un incumplimiento legal.
Parece que esa «vocación inequívoca de universalidad» y esa promesa de «llegar a todos por igual» se han diluido, lamentablemente, en una solución que, una vez más, deja fuera a una parte de la ciudadanía.
Si es cierto, como publicó este periódico hace unos días, que el ayuntamiento consultó a algunos «usuarios» y que estos pidieron eliminar la rampa porque «quitaba espacio» o «era peligrosa» (?), la situación me parece especialmente grave.
Primero, porque demuestra que estos «usuarios», que pueden acceder por sus propios medios, no saben mirar más allá de su ombligo e ignoran a quienes están peor y no tienen otra forma de entrar. A mí también me molestan muchas cosas —por ejemplo, que pasen coches por mi calle— pero eso no me da ninguna legitimidad para pedir que desaparezcan.
Segundo, esta consulta sui generis no exime al ayuntamiento de su responsabilidad. El deber de una administración pública es hacer cumplir la ley y velar por la inclusión de todos. La accesibilidad no se decide por preferencias ni encuestas. Se garantiza por justicia.
¿Y ahora qué? ¿Aplaudimos una piscina pública que excluye a parte de la población? ¿Tiene sentido hablar de igualdad de oportunidades cuando la única opción es un artefacto elevador? ¿Esperamos otros treinta años para construir la tercera piscina… esta vez sí, para todos?
Sigo creyendo que hacer las cosas bien desde el principio no solo es más fácil, más barato y más justo. Es, sobre todo, lo que haría una sociedad madura.
Esta vez no podrán decir que nadie les avisó.
Corrijan el error, o cargarán con el peso de la discriminación sobre sus conciencias.