Otro despropósito del Gobierno de Pedro Sánchez, así de claro. Lo decimos alto y claro desde todas las islas: este no es el camino. Mientras las administraciones de Balears trabajan para poner límites a la capacidad turística, el Gobierno central pretende sobrepasarlos autorizando que se alquilen embarcaciones como si fueran pisos.
La última ocurrencia del Gobierno del PSOE y Sumar ha sido permitir el alquiler turístico de embarcaciones privadas como residencias. Un disparate político, social y ambiental. Un despropósito que amenaza con dinamitar el trabajo que llevamos años realizando para limitar la saturación y proteger nuestro territorio.
La resolución estatal aprobada recientemente permitirá que cualquier particular, sin titulación profesional, pueda alquilar su embarcación durante hasta tres meses al año —es decir, todo el verano— sin necesidad de pasar por ningún control local ni autonómico. En otras palabras: se ha legalizado una nueva vía de oferta turística completamente desregulada, que ni respeta la capacidad de carga del litoral ni atiende a la realidad de nuestras islas.
¿En qué cabeza cabe que, en un momento en el que toda la sociedad isleña está de acuerdo en poner límites, el Estado abra una puerta más para seguir exprimiendo el territorio, esta vez desde el mar? ¿Cómo es posible que, mientras los consells insulares y el Govern balear pelean por ordenar la oferta turística, el Gobierno central dinamite ese esfuerzo con una resolución tomada unilateralmente, sin escuchar a las instituciones locales?
Desde Menorca, desde Balears, lo tenemos claro: no podemos permitir que nuestras costas se conviertan en un Airbnb marítimo. No hablamos de un problema menor. Hablamos de un ataque del Gobierno —que no escucha— a nuestro modelo de islas, donde por primera vez las administraciones de la mano del Partido Popular están poniendo límites. Ahora quieren sumarle una flotilla de barcos alquilados como si fueran pisos, sin base legal clara. Todo lo contrario a lo que buscamos: una gestión náutica rigurosa, ordenada y sostenible.
Lo más preocupante es el mensaje político que encierra esta medida: el desprecio absoluto del Gobierno central por las competencias autonómicas e insulares, y por la voluntad de los territorios afectados. No se ha consultado al Consell de Menorca ni se ha informado al Govern balear. No se ha abierto ningún proceso de diálogo previo. Es una decisión impuesta desde los despachos del PSOE en Madrid, sin importar sus consecuencias sobre la vida en las islas.
En Balears tamos trabajando como nunca se ha hecho para poner límites, para recuperar el equilibrio entre economía y medio ambiente, priorizando la calidad frente a la cantidad. No podemos permitir está locura del Partido Socialista, mientras aumentamos recursos contra la oferta ilegal y se lanzan importantes campañas de sensibilización, que todo ese esfuerzo se tire por la borda por una decisión irresponsable del Gobierno central al abrir otra puerta, sin ningún tipo de control. Un despropósito.