La trituradora de instituciones democráticas al servicio de Pedro Sánchez continúa con su ingente tarea de desvertebrar los principales órganos de garantía del Estado. Nada detiene su voracidad, animada no solo por la enfermiza codicia de poder y narcisista afán de protagonismo del secretario general del PSOE, sino también por la magnífica oportunidad que se les presenta a sus socios estratégicos -PNV, Bildu, ERC y Junts- de desarbolar todo aquello que frena sus ansias de separarse del resto. Para los independentistas, cuanto peor le vaya a España, mejor para su causa, de manera que tienen en Sánchez el socio perfecto para lograr el cumplimiento de sus fines, porque la ausencia del más mínimo rastro de patriotismo o freno en el andamiaje ético del presidente del Gobierno, y el sometimiento de cualquier otro principio al de su ego de dimensiones cósmicas resulta ser una bendición para quienes nos desean mal.
El último episodio de esta galopante degradación es el de la Fiscalía General del Estado, encarnada por Álvaro García-Ortiz. No me corresponde, desde luego, pontificar acerca de si éste ha cometido o no algún delito, pues para eso está la Sala Segunda del Tribunal Supremo que habrá de juzgarle. Pero, con independencia de ello, el solo hecho de tener que tragarnos el deleznable espectáculo de ver a un Fiscal General sentado en el banquillo de los acusados nos sitúa, en el concierto internacional, al lado de las más acrisoladas repúblicas bananeras del planeta, esas mismas a las que Zapatero, cual eficaz detergente político, lava más blanco.
En esta ceremonia del absurdo, ya solo falta que García-Ortiz emita la correspondiente circular orientando a sus subordinados acerca de cómo acusar (o no acusar) adecuadamente a un Fiscal General del Estado, es decir, instruyéndoles de lo que tendrán que decir desde el ilustre estrado de la Plaza de la Villa de París. Hace falta relajo, desahogo, desvergüenza y muy poco aprecio por la ley para tensar la institución a la que uno sirve hasta tal punto de no importarte lo más mínimo ridiculizarla en menoscabo del prestigio de todos y cada uno de los miembros del Ministerio Fiscal, cuya inmensa mayoría, magníficos profesionales, asisten abochornados a este patético culebrón.
No le basta haber sido el primer Fiscal General reprobado por su falta de idoneidad, ni tampoco el único del que sus propios compañeros han clamado por su dimisión. García-Ortiz solo tiene un Norte, el de obedecer a quien lo mantiene en el cargo, pase lo que pase y mientras no sea inhabilitado, y, aún así, ya veremos lo que sucede.
Obviamente, todo el aparato sanchista confía en que, aun en el peor de los escenarios, siempre les quedará el Tribunal Constitucional, en el que otro de los subalternos del presidente y predecesor en el cargo de García-Ortiz, tiene las claves para cascamajar los últimos restos del Estado social y democrático de derecho nacido de la Constitución de 1978, en el que algunos aprendices de jurista estudiamos que debía imperar siempre la Ley, con mayúscula.
No sé qué quedará de España el día en que Sánchez sea desalojado democráticamente del poder, lo que sí sé es que el presidente del Gobierno que le suceda va a tener que reconstruir desde cero todo el armazón del Estado.