Una vez más, Menorca se ve envuelta en una polémica que, en el fondo, no es técnica ni patrimonial, sino profundamente ideológica. La mejora del tramo Maó-Alaior de la carretera general, que incluye actuaciones en mantener el puente inacabado de Rafal Rubí, ha desatado una oleada de críticas por parte de ciertos colectivos, voces del ámbito político (principalmente vinculadas a la izquierda) y algunos expertos en patrimonio. Todos ellos se han apresurado a poner el grito en el cielo, agitando el argumento de que esta obra podría «afectar» a la naveta de Rafal Rubí, un monumento prehistórico de gran valor simbólico e histórico.
Sin embargo, lo que estamos presenciando es otro episodio más del relato que lleva repitiéndose durante décadas: cuando gobierna la izquierda, sus políticas son presentadas como intocables, ilustradas, progresistas, e infaliblemente orientadas al bien común. Pero cuando es la derecha quien gobierna, cualquier medida o intervención que suponga modificar lo previamente ejecutado por sus antecesores es automáticamente sospechosa, peligrosa o regresiva. Esa caricatura del «progreso» contra la «reacción» ya no se sostiene. La ciudadanía ha madurado y ya ha vivido en carne propia las consecuencias reales de unos y otros gobiernos.
El actual proyecto de mejora de la carretera no ha sido cuestionado con argumentos científicos sólidos. No se ha presentado ni un solo informe técnico independiente que avale que la intervención afecta de manera irreversible a la naveta de Rafal Rubí. En su lugar, se han multiplicado las declaraciones políticas, los manifiestos de colectivos afines ideológicamente a la oposición y las apelaciones genéricas a la «protección del patrimonio» como si estuviéramos ante una amenaza inminente de destrucción cultural.
Lamento profundamente las dimisiones de técnicos ligados al proyecto. De forma especial, la de mi amigo Cipriano, con quien desde 1992 trabajamos, junto a Tomás Azcárate, Miquel Vidal y Joan Rita, en el impulso del proyecto Menorca Reserva de la Biosfera. Que conste que para mi Cipriano es un gran profesional que ha dado mucho de su conocimiento a la isla de Menorca y que el hecho de su dimisión no me perturba para reconocer su profesionalidad, valía y buen hacer en el proyecto de Menorca reserva de la biosfera y en el de Menorca talayótica. Sin embargo, como ciudadanos y como responsables públicos, no podemos dejar que las emociones o los vínculos personales sustituyan el deber de garantizar una gestión racional, coherente y eficaz de las infraestructuras de la isla.
Se nos dice que el puente podría alterar el entorno visual o arqueológico de la naveta. ¿Afectarla cómo? ¿A qué distancia? ¿Con qué impacto real y medible? ¿Qué ocurre entonces con otras construcciones y carreteras que están tan cerca —o más— de monumentos igualmente valiosos? ¿Dónde estaban estas voces cuando se desarrollaron urbanizaciones, infraestructuras turísticas o ampliaciones viarias junto al aeropuerto, cerca del Camí d'en Kane o de otros yacimientos apenas estudiados?
La pregunta clave es: ¿cuántos monumentos y restos arqueológicos hay en Menorca menos protegidos y menos conocidos que la naveta de Rafal Rubí? Si hiciéramos un inventario completo, nos quedaríamos helados. Y eso no es culpa de un puente ni de un tramo de carretera, sino de una estrategia de conservación que durante años ha priorizado lo simbólico sobre lo real, lo ideológico sobre lo técnico, y la visibilidad política sobre la eficacia de la gestión.
El debate real aquí no es técnico, sino político. Se trata del intento de ciertos sectores de imponer un modelo de isla estático, museizado, que niega la necesidad de modernizar sus infraestructuras en nombre de un conservacionismo extremo, más cercano al inmovilismo que a la sostenibilidad. La derecha, cuando gobierna, también tiene derecho a definir políticas de movilidad, de ordenación del territorio y de protección patrimonial, con el mismo grado de legitimidad democrática. No todo lo que no sea «de izquierdas» es necesariamente un ataque a los valores de la Isla.
2 Hemos llegado a un punto en que una simple obra de mejora, planteada con criterios de funcionalidad y respeto al entorno, es interpretada como un atentado. ¿Qué clase de isla queremos? ¿Una Menorca que se paraliza por miedo a actuar? ¿O una Menorca que se atreve a integrar su valioso patrimonio con las necesidades de movilidad, seguridad vial y progreso económico?
Por eso, desde estas líneas, hago un llamamiento al actual equipo de gobierno: no se rindan. No repitan el error de etapas anteriores, cuando el pulso tembló y se dejó paralizar un proyecto esencial para la mejora de la carretera general. Gobernar exige firmeza, convicción y responsabilidad. La Isla no necesita más pancartas ni más trincheras ideológicas. Necesita soluciones reales y decisiones valientes.
La mejora del tramo Maó-Alaior puede y debe hacerse con todo el respeto al patrimonio, pero sin caer en el chantaje ideológico de quienes pretenden secuestrar el interés general. No se trata de elegir entre piedras o progreso. Se trata de demostrar que Menorca es capaz de proteger lo que la hace única, al mismo tiempo que avanza hacia un futuro mejor.